El Seminario Internacional “Mujer Rural. Cambios y Persistencias” realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil presentó hoy la problemática que tiene la mujer costeña, andina y amazónica frente al acceso y control de sus tierras. El primer día del Seminario se realizó con la participación de cerca de 100 investigadoras, especialistas y lideresas sociales de América Latina que se dieron cita en el distrito de Miraflores, Lima.
Para el antropólogo, Alejandro Diez, de la Universidad Católica, la principal dificultad que encuentra la mujer rural peruana para acceder a las tierras de sus comunidades, es la normatividad. “En el Perú, el marco legal es contradictorio y las propias normas suelen ser la fuente de conflicto en temas de propiedad”, sostuvo.
En nuestro país existe una legislación nacional, otra comunal y una tercera que nace del uso diario y las costumbres de las comunidades. Sin embargo, en todos los casos la intervención de mujer es escasa o casi nula. La normatividad estatal invisibiliza la participación de las mujeres, los estatutos comunales tampoco las incorporan, y en el comportamiento rural -que es el que prevalece- existen diferencias marcadas que favorecen a los varones.
En este caso, la mujer solo tiene acceso a las tierras de una manera accesitaria, por ser hija o esposa. No hay iguales condiciones para adquirir tierras mediante la compra –no tienen documentos- y a través de traspaso de tierras o herencia, el hombre accede a una mayor cantidad de tierras y en algunos casos solo es el hombre el que hereda.
Rita Bórquez, socióloga chilena, sostiene que las brechas de género se mantienen a nivel internacional, lo que afianza la necesidad de ampliar la visión global de la mujer y el acceso a la tierra.
Igualmente, Flor Edilma Osorio de Colombia manifestó que las desigualdades de género ocasionan también conflictos al interior de las familias y sus comunidades.
Conclusiones
Para contrarrestar los obstáculos que fluctúan para que la mujer formalice u obtenga una propiedad es necesario facilitar el acceso a la documentación (no todas cuentan con DNI, no son consideradas ciudadanas). El contenido de las normas debe ser tomado en cuenta para el sistema de justicia de las comunidades. Debería aplicarse una defensoría comunal, que vele por los derechos de la mujer y sus beneficios, brinde asesoría y denuncie la violencia. El Estado debe tomar acciones concretas en la pérdida de las tierras de las mujeres, y tratar de subsanar el puente roto que hoy existe entre la normatividad estatal, comunal y el comportamiento rural.
