Sonia Montaño, Directora de la Unidad de Género y Desarrollo de la CEPAL – NACIONES UNIDAS; Delfina Varillas, Coordinadora de Desarrollo Rural del MIMDES; y Jeanine Anderson, investigadora de la PUCP, debatieron -en el cierre del Seminario Internacional “Mujer Rural. Cambios y Persistencias”- sobre el modelo de políticas públicas en el Perú y Latinoamérica, y el impacto que ha tenido el aumento de la participación de la mujer rural en este ámbito.
Para Jeanine Anderson (PUCP) la tarea del gobierno es adelantarse a la solución de posibles conflictos que la población aun no identifica como problemas en sí mismos, a fin de generar una oferta de políticas para la población rural. “Los gobiernos deben proporcionar políticas que ofrezcan propuestas más allá de las demandas de la población” manifestó.
Sobre la participación de la mujer en la política rural y regional subrayó que es impreciso tratar de convertir a la mujer rural en una copia fiel de la mujer urbana. “La mujer rural desempeña un doble rol en la sociedad. No está dispuesta a dejar su papel de mujer activa, productora y gerenta de su hogar, para adoptar un rol pasivo, consumidor de telenovelas, alienado de la capital. La mujer de hoy desarrolla liderazgos integrados dentro de la familia y la comunidad”, precisó.
Según la representante del MIMDES, Delfina Varillas, es parte de la gestión del Estado, el desarrollar políticas públicas diferenciadas para cada tipo de población e identidad pluricultural que existe en nuestro país, sin embargo el marco legal peruano aun es incipiente en esta materia. No obstante, mencionó que desde el 2004, se vienen trabajando políticas referidas a la superación de la pobreza, seguridad alimentaria y estrategias nacionales de competitividad y desarrollo rural.
Por su parte, Sonia Montaño (CEPAL – NACIONES UNIDAS) aseguró que nos encontramos ante una paradoja del desarrollo social y político, donde el rol protagónico de la mujer ha logrado la ruptura del pensamiento ancestral, que la encasillaba solo a la labor doméstica. A pesar de ello, los indicadores muestran que la situación de las mujeres rurales continúa en peor condición que la de los varones de sus propias comunidades. Son más pobres, más analfabetas, indocumentadas, tienen gran número de hijos, una alta taza de mortalidad materna, menor acceso al trabajo, menor salario, entre otros.
Por ello, “las mujeres rurales simbolizan la defensa de las políticas públicas, pues ellas representan todo lo que un país necesita y su trabajo no sólo aporta a los ingresos de su hogar, sino que también representa un aporte importante en la lucha contra la pobreza de un país”, asegura Montaño.
Según estudios de la CEPAL, está comprobado que sin el trabajo de las mujeres la cifra de pobreza sería 10 puntos superior a la que hoy se tiene en América Latina. Además su desempeño ha contribuido a la mejora de la conciencia ambiental.
Chile, Costa Rica y Uruguay son los país con menor índice de ruralidad y pobreza, porque ellos han incluido dentro sus políticas públicas un sistema que ampara el derecho de la mujer que realiza trabajos no remunerados, a recibir una pensión mínima por hijo nacido vivo, que saca de la desprotección a las mujeres más pobres y rurales.
Para Montaño, se hace necesario acabar con “la política de un Estado ausente, la política de la no política” que prevalece en los demás países de la región no contribuye con el desarrollo. Hace falta un sistema articulado de generación de empleo que no discrimine géneros, ni subestime la capacidad de la mujer situándola solo como receptora de beneficios sociales elementales.
“Las mujeres de hoy no solo traen más ingresos a la casa, además dan un valor agregado al salario de los demás miembros de la familia, pues el trabajo no remunerado, entendido como la labor doméstica, es una contribución al hogar que es necesario reconocer”, puntualizó.
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